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Tribunal de Japón declara inconstitucional no permitir el matrimonio igualitario

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Un tribunal japonés dictaminó el martes que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional, una decisión que los activistas acogieron como un paso hacia la igualdad en el matrimonio en la única nación del Grupo de los Siete sin protección legal para las uniones entre personas del mismo sexo.

El fallo del Tribunal de Distrito de Nagoya fue el segundo en declarar inconstitucional una prohibición contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, de cuatro casos en los últimos dos años, y es probable que aumente la presión para cambiar la ley en un país en el que la constitución dice El matrimonio es entre un hombre y una mujer.

«Este fallo nos ha rescatado del dolor del fallo del año pasado que decía que la prohibición no tenía nada de malo, y del dolor de lo que el gobierno sigue diciendo», dijo el abogado principal Yoko Mizutani a periodistas y simpatizantes fuera de la corte.

Se refería a un fallo en Osaka el año pasado de que la prohibición no estaba fuera de línea con la constitución. Posteriormente, un tribunal de Tokio confirmó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero dijo que la falta de protección legal para las familias del mismo sexo violaba sus derechos humanos.

El fallo del martes fue recibido con vítores de los activistas y simpatizantes que ondeaban banderas de arcoíris fuera de la corte. Aunque las encuestas de opinión muestran que alrededor del 70% del público apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, el conservador Partido Liberal Democrático del Primer Ministro Fumio Kishida se opone.

Kishida despidió en febrero a un asistente que provocó indignación al decir que la gente huiría de Japón si se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el primer ministro sigue sin comprometerse al respecto y ha dicho que las discusiones deben proceder «con cuidado».

Sin embargo, más de 300 municipios japoneses que cubren alrededor del 65% de la población permiten que las parejas del mismo sexo celebren acuerdos de asociación. Pero el derecho tiene un alcance limitado. Los socios no pueden heredar los bienes del otro ni tener derechos de paternidad sobre los hijos del otro. Las visitas al hospital no están garantizadas.

Mizutani dijo que el tribunal en su fallo había señalado que tales acuerdos de sociedad no eran del todo suficientes, lo que interpretó como una señal alentadora, y agregó que sentía que el tribunal reconocía que había poca diferencia entre las parejas del mismo sexo y otras parejas. El secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno no creía que el código civil y las leyes de matrimonio fueran inconstitucionales.

«Con respecto a los problemas relacionados con la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo, creemos que es importante prestar mucha atención a las opiniones de todas las partes del público», dijo.

Si bien, en general, la tercera economía más grande del mundo se considera relativamente liberal, la comunidad LGBT ha sido en gran medida invisible debido a las actitudes conservadoras. Taiwán se convirtió en el primer lugar de Asia en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en 2019. Se tendría que aprobar una nueva ley en Japón antes de que los matrimonios entre personas del mismo sexo puedan realmente tener lugar.

El gobierno se comprometió a aprobar una ley que promueva la «comprensión» de las personas LGBT antes de organizar la cumbre del G7 este mes, pero la oposición de los conservadores la retrasó tanto que solo se presentó una versión diluida al parlamento el día antes de que comenzara la cumbre.

El borrador inicial estipulaba que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género «no debería tolerarse», pero se cambió por «no debería haber discriminación injusta», una redacción que, según los críticos, permite tácitamente la intolerancia.

Japón ha estado bajo una presión cada vez mayor para cambiar, tanto de otros miembros del G7 como de los grupos de presión económicos, y las empresas argumentan que se necesita una mayor diversidad para la competitividad internacional.

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